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Consejo de la Judicatura declara emergencia para reemplazar jueces en Guayas tras el caso Purga
El Pleno del CJ autorizó la designación de magistrados temporales para cubrir vacantes en la Corte Provincial y Tribunales Distritales de Guayas.
El 8 de marzo de 2024, el Consejo de la Judicatura (CJ) emitió una resolución que declara la necesidad extraordinaria y emergente para designar jueces temporales en la provincia del Guayas. Esta medida responde a los vacíos generados en la Corte de Justicia provincial tras las detenciones vinculadas al caso Purga, donde varios magistrados fueron aprehendidos por presunta participación en una red de corrupción que direccionaba fallos judiciales a favor de intereses políticos y del narcotráfico.
Según informó el área de Prensa del CJ, la decisión fue tomada con votación unánime del Pleno. La resolución establece el procedimiento para seleccionar reemplazos en la Corte Provincial de Justicia y en los Tribunales Distritales Contenciosos Administrativos y Tributarios. El proceso se acoge a las recomendaciones del "Plan de Intervención - Provincia del Guayas" y al Informe Técnico No. CJ-DNTH-SA2024-346, documentos elaborados por las Direcciones Nacionales de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial y Talento Humano.
El artículo 3 de la resolución ordena a la Dirección Provincial del Guayas realizar las acciones administrativas y disciplinarias correspondientes respecto a los servidores judiciales involucrados en procesos penales. La ejecución de la medida estará a cargo de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales del CJ, junto con la Dirección Provincial local. Entre los jueces procesados figuran Johann Marfertán, Reinaldo Cevallos, Nelson Ponce, Ramos Lino, Henry Taylor y Guillermo Valarezo, como contamos en Consejo de la Judicatura abre concurso para 900 vacantes judiciales en todo el país.
La designación de estos servidores temporales se ampara en el Código Orgánico de la Función Judicial, que permite cubrir vacantes o sustituir a magistrados suspendidos mientras no se dicte una resolución firme sobre su situación. Esta figura jurídica busca garantizar la continuidad del servicio de justicia ante las necesidades emergentes derivadas de la crisis institucional en la provincia.
